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El tribunal restablece la derogación de la Ley de Tierras Rurales de Milei de 2023, abriendo así las tierras agrícolas argentinas a los inversores internacionales.
BUENOS AIRES, Argentina, 29 de septiembre de 2026 – La Corte Suprema de Argentina emitió un fallo que elimina las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La decisión restituye un artículo clave del megadecreto de 2023 del presidente Javier Milei, según La Nación.
El fallo abarca el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, emitido por la administración de Milei en sus primeras semanas. Dicho artículo derogó la Ley de Tierras Rurales y los límites a la propiedad extranjera que establecía. Un tribunal inferior la había suspendido luego de que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), un grupo de veteranos de la guerra de Malvinas/Falklands, la impugnara por inconstitucionalidad.
¿Qué cambia?
La Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737, aprobada en 2011) imponía estrictas limitaciones a los compradores extranjeros. Estas incluían un límite nacional a la proporción de tierras rurales que podían poseer los extranjeros, límites para cada nacionalidad, un tamaño máximo para las propiedades individuales de extranjeros en las principales zonas agrícolas y restricciones a las tierras que contienen o limitan grandes masas de agua. Con el fallo del Tribunal, dichas limitaciones ya no se aplican.
Por qué es importante para los inversores
• Mayor acceso: Tanto particulares como empresas extranjeras pueden volver a comprar tierras agrícolas, ganaderas, forestales, viñedos y estancias argentinas sin los límites vigentes.
• Normas más claras: La decisión pone fin a la incertidumbre jurídica que ha frenado las transacciones inmobiliarias transfronterizas desde 2023.
• Impulso del mercado: Junto con el programa de desregulación más amplio de Argentina, se espera que el fallo genere un nuevo interés por los activos agrícolas y rurales entre compradores de América del Norte, Europa, Oceanía y otras regiones de América Latina.
Los compradores deben seguir buscando asesoramiento legal independiente. Es posible que aún se apliquen las zonas de seguridad fronteriza y otras normas, y es probable que continúe el debate político y legal sobre la derogación.
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